“Es el espíritu y no la forma de la ley lo que mantiene a la justicia con vida” – Earl Warren (1891 – 1974) – magistrado de la Corte Suprema de los Estados Unidos y tres veces gobernador de California.
La justicia es un chiste en Colombia. El esfuerzo para atrapar a cincuenta delincuentes no cuenta. Van para la calle violadores de menores, rateros, asesinos, por cuya captura los agentes de la policía quizá arriesgaron sus vidas, todos libres, sin juicio pero absueltos y sueltos de manos para cometer nuevas fechorías, todo porque no hay jueces disponibles para juzgar las que ya cometieron.
Me imagino que este abrupto proceso de reinserción social del que ahora se benefician los malhechores amparados por la ineptitud del poder judicial, por su vacío, será una herramienta clave dentro del arsenal de estrategias de todo abogado penal: ganar el caso por vencimiento de términos, burlándose, en primer lugar, de las víctimas o de su memoria, y de sus parientes y de toda la sociedad. Porque pueden hacerlo. Porque nuestra Ley lo permite. Y la Ley es para todos. ¿O no?
No es nada novedosa, pero por lo general esta estratagema legal suele ser obtenida más que todo por los abogados de los delincuentes de flamante cuello blanco y gorda billetera, lo suficientemente gorda como para lubricar conciencias y comprar y retrasar los procesos legales, pero ahora también se benefician de ella los facinerosos que ocupan los estratos más bajos y despreciables de nuestra rica fauna delincuencial, en un retorcido ejemplo de aplicación de ese principio democrático que asegura que la justicia debe ser igual para todos, ricos o pobres.
¿Asombra que en este país tanta gente prefiera tomarse o se tome la justicia en sus propias manos? ¿Qué sentimientos puede albergar el padre de un niño que ve salir libre y sin castigo al pervertido que violó a su hijo? ¿O el testigo que valientemente prestó declaración para contribuir a abrirle proceso a un criminal, y que ahora afronta la posible venganza de este criminal graciosamente liberado? Y si la justicia demuestra de manera tan flagrante su incapacidad para castigar el delito, ¿por qué no debe aplicar el mismo ciudadano afectado su propio castigo?
Al fin y al cabo, sólo habrá que esperar unos meses para que cualquier posible consecuencia penal derivada del acto de aplicar esta justicia privada quede igualmente sin condena, porque no habrá jueces para dictarla, no porque les dé vergüenza enviar a la cárcel a un ciudadano que al fin y al cabo no hizo más que intentar darle solución a su manera a una carencia del Estado, sino porque son escasos.
Nunca demostró ser más superflua toda la baba gastada en esos consejos de seguridad a los que asisten para hacerse tomar fotos los alcaldes, gobernadores, comandantes de policía, representantes de gremios, fuerzas civiles y militares… Todo es tiempo perdido; todo el esfuerzo y los recursos, dilapidados miserablemente, ahogados en un mezquino cuello de botella burocrático.
¡Y la baba que también se desperdicia en esos torpes esfuerzos institucionales para promover “la gobernabilidad”!
Para afianzar eso que llaman gobernabilidad lo primero es ganarse la confianza de los gobernados. Y para ganarse esta confianza es indispensable que no permitan a los delincuentes salir libres e impunes a la calle. Inviertan de un modo honesto lo poco que tanto robo deja, en vez de hacerlo en farsas programadas más que todo para justificar el acceso a presupuestos oficiales, con la vista siempre fija en el usufructo que los pellizcos y zarpazos al erario público dejan.
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Periodista barranquillero, residente en Madrid, interesado en temas internacionales y en la relación que estos guardan (o no guardan) con nuestro país, con nuestra ciudad. También en temas relacionados con el Medio Ambiente, la Cultura y la Ciencia.
