La administración del alcalde Alejandro Char respeta y está de acuerdo con el fallo del Juzgado Tercero Administrativo sobre la sociedad Carnaval de Barranquilla S.A., dijo ayer en la plenaria del Concejo el secretario jurídico del Distrito, Modesto Aguilera.

Pero el funcionario fue más allá y aseveró que los abogados de la Alcaldía coadyuvarán para que la decisión del Juez sea confirmada en la segunda instancia. Quiere decir que defenderán el fallo del Juez Tercero.

El asesor atendió una citación de los concejales, a la que también había sido citada, pero no asistió la directora ejecutiva de la Fundación Carnaval, Mireya Caballero, para conocer de primera mano cuál ha sido el comportamiento administrativo y financiero de la empresa.

Explicó Aguilera que el fallo judicial es conveniente para los intereses de la Administración, reafirmándose en la posición del Gobierno desde que comenzó en enero, en el sentido de que había que defender los intereses de los barranquilleros. Según el Asesor, esa es la razón por la cual comenzó la revisión de todas las concesiones, incluida Carnaval S.A.

De acuerdo con el fallo, la Administración tiene tres meses para decidir si asume las funciones de organización de Carnaval o se crea otra empresa para el efecto. Esta parte será analizada desde el punto de vista de la conveniencia financiera para el Distrito.

Conceptuó que “por el momento esa es una herramienta importante que le da la Justicia colombiana al Alcalde para que pueda mirar a unos cuatro o cinco meses qué se hará con la empresa y con las festividades”.

Entre tanto, el secretario del Interior, Guillermo Polo Carbonell, señaló en su intervención que el ejecutivo Distrital interpreta el fallo como una posibilidad de rescatar lo que es rescatable y apropiarlo, y mejorar o modificar lo que no es deseable.

Fue enfático al señalar que el interés del gobierno del alcalde Alejandro Char es retomar las competencias frente al manejo del espacio público y frente a la política cultural. “Por eso el fallo es una oportunidad para mejorar las fiestas en esos dos aspectos”, aseguró Polo, y agregó que el Gobierno y el Concejo deben tener parte en la toma de decisiones relacionadas con la programación de las fiestas.

En ese mismo sentido, conceptuó que las decisiones en Carnaval S.A. se han tomado con poca socialización ante otros actores que intervienen en las fiestas y frente a los organismos de control en el pago de impuestos. Así mismo, dijo que las decisiones de la empresa tienen que ser más incluyentes, y que en la junta directiva debe haber representación de más sectores.

Sin embargo, rescató la posición del concejal Jaramillo, al destacar la honorabilidad de quienes han manejado esa empresa. “Como Gobierno no tenemos ninguna duda sobre la probidad de las personas que han manejado el Carnaval”, dijo.

Al hacer referencia a la ausencia de Mireya Caballero, la personera Distrital, Lourdes Insignares, instó a los concejales a que no permitan más “el irrespeto sistemático de las directivas de Carnaval S.A.”, y recomendó al alcalde Alejandro Char que tome las acciones del caso para el manejo del Carnaval.

La Personera insistió en que Carnaval S.A. es una rueda suelta que no le rinde cuentas a nadie, porque se sienten por encima de cualquier organismo de control.

En la sesión también intervino el ex personero Laurian Puerta, autor de la acción popular que dejó sin piso jurídico a la Sociedad Carnaval S.A. Aseveró que era necesario frenar los excesos y abusos que venía cometiendo la empresa. Puerta calificó con una falta de respeto contra el Alcalde y contra el Concejo, algunas afirmaciones según las cuales el Carnaval va a caer en manos extrañas o que se le va a dar un manejo político.

Como miembro de la sociedad civil, dijo que rodearán al Alcalde y a los entes de control, para que lleven el proceso jurídico hasta las últimas consecuencias.

El contralor Jorge Iglesias dijo que lo más aberrante del manejo de la empresa carnaval fue el desplazamiento accionario que sufrió el Distrito. Cuestionó que dicha empresa no entregue cuentas, y aseguró que solo en las festividades de 2008 la entidad recibió 20 mil millones de pesos.

Iglesias anunció el inicio de procesos de responsabilidad fiscal contra las directivas de Carnaval S.A. y de la Fundación Carnaval de Barranquilla S.A., por no entregar balances. “Algo debe haber en el canto de la cabuya cuando prestigiosos empresarios del sector privado no quieren rendirle cuentas a la ciudad de Barranquilla”, aseveró el Contralor.

El concejal Elvis Beleño recordó informaciones de prensa del pasado Carnaval, en las que se hacía referencia a la utilización del famoso carrusel en la comercialización de la boletería y se denunciaban otras irregularidades, sin que hasta el momento se conozcan pronunciamientos de la empresa.

Juan Carlos Ospino, por su parte, opinó que los órganos de control deben avanzar en ese camino de recuperar los intereses del público sobre los de los particulares.

Durante la extensa sesión del concejo fueron muchas las críticas que llovieron sobre el accionar de Carnaval S.A. y de su Junta Directiva.