En medio de la polémica por las fallas presentadas en la organización de las actividades carnestoléndicas durante el fin de semana, el Concejo de Barranquilla lanzó fuertes críticas al desempeño de Carnaval S.A y de la Fundación Carnaval de Barranquilla.

Durante la sesión de ayer, los concejales coincidieron en la necesidad de citar, después de las fiestas, a la presidenta de la empresa, Mireya Caballero, para que presente un informe de las actividades que desarrolla. Según el parecer de los miembros del cabildo, el ente rector del Carnaval de Barranquilla funciona como una rueda suelta.

En opinión del concejal Luis Zapata, Carnaval S.A. se pasa por la faja cualquier llamado de los concejales y del Gobierno Distrital, con el argumento de que Carnaval de Barranquilla S.A. es una empresa privada y por eso no puede mostrar su contabilidad.

En la misma forma, dice Zapata, se niega a pagar impuesto, porque supuestamente es una fundación y no genera utilidades, lo cual iría en contravía de lo que está ocurriendo en realidad.

Las críticas fueron unánimes cuando se habló de que el Carnaval está privatizado, pero a pesar de ello no le representa dividendos económicos al Distrito, aun disponiendo de toda la infraestructura de la ciudad. Por esa razón prometieron un debate serio y a fondo a los funcionarios de la empresa Carnaval, porque los hacedores de las festividades están padeciendo toda clase de privaciones.

Al respecto agregó que quienes son los protagonistas, la gente del pueblo, no tiene acceso a los espectáculos, porque les resulta imposible comprar un puesto en un palco, debido a los excesivos costos, además de que tratan de quedarse con los dividendos del alquiler de sillas plásticas.

En el debate que se propuso también deberán estar presentes el Contralor y el Personero del Distrito, el Director de Impuestos y el de Cordeportes, para que se pueda establecer el manejo financiero de la empresa en cuestión, ya que en opinión de los miembros del Cabildo maneja una cifra superior a los 3.500 millones de pesos.

En el mismo orden de ideas, el Concejo condenó la decisión de la empresa Carnaval de llevar a los estrados judiciales el proceso relacionado con el cobro de Cordeportes de más de 300 millones de pesos, por concepto de impuestos.

El concejal Rafael Sánchez señaló que las utilidades que devengan los directivos de Carnaval son muy altas, y se las gastan después de las fiestas cuando se van al exterior.

Por su parte el concejal Luis Zapata pidió al Alcalde que se hagan cumplir los términos de una resolución que emitirá el Concejo, para que se aprovechen las festividades para rendir un homenaje a las víctimas de secuestro en Colombia.

En otros aspectos de la sesión de ayer, el secretario del Interior del Distrito, Guillermo Polo, fue criticado por un sector del Concejo, por no asistir al recinto para atender cuestionamiento relacionados con la regulación del uso de la espuma en Carnaval. Polo se excusó por tener que atender problemas de orden público ocurridos en las primeras horas de ayer en la Vía 40.

Entre tanto, el concejal Roberto Rosanía reclamó una mayor divulgación de los debates que se realizan en la corporación, tal como el previsto a la empresa Carnaval. Por ello se mostró partidario de que la mesa directiva del Cabildo gestione la posibilidad de transmisiones, por radio o televisión, “para que la comunidad se entere de lo que están haciendo sus concejales en el Cabildo”.