El hallazgo de grandes cantidades de desechos hospitalarios en algunos lotes aledaños a barrios residenciales de Barranquilla ha causado indignación entre las autoridades locales.

Y no es para menos, habida cuenta del alto potencial de transmisión de virus y bacterias que tienen esos elementos usados en quien los manipule como, al parecer, ya lo hicieron muchos niños de los alrededores.

Según los relatos de algunas madres de esos sectores, sus hijos han estado jugando con esos materiales desde hace varios días con los riesgos de que hayan contraído alguna infección o enfermedad grave. Nada más peligroso, por ejemplo, que las jeringas utilizadas en pacientes con enfermedades como el Sida.

Todo parece indicar que no estamos ante un hecho casual o de un simple descuido de alguien que arrojó esos elementos por una sola vez, porque son varios los sitios donde se han hallado y por espacio de varios días.

Tampoco se trata de pequeñas cantidades que pudieran pasar relativamente desapercibidas al ojo. Por el contrario, son verdaderos cargamentos de desechos cuyo transporte y descargue debió implicar la movilización de muchas personas y la utilización de vehículos.

Las autoridades están, por consiguiente, ante el reto de dar con los responsables de semejante conducta y de establecer las más severas sanciones a que haya lugar, tanto desde el punto de vista económico como penal.

En la investigación se que se debió abrir de oficio, las autoridades deberán pedirle explicaciones a varias instituciones con sede en Medellín, desde donde se habrían enviado los materiales quirúrgicos y hospitalarios usados y que fueron arrojados en la ciudad.

Independiente de lo que arrojen las investigaciones, la Secretaría de Salud del Distrito, el Damab y demás entidades del ramo, tienen el deber de extremar los controles a las clínicas y centros hospitalarios que permanentemente producen esa clase de desechos para verificar que los incineren de acuerdo con las reglamentaciones vigentes.

De la misma manera, a las empresas que se dedican a prestarles ese servicio. Ello, por cuanto en ocasiones anteriores alguna de esas empresas no cumplían todas las especificaciones técnicas para el adecuado tratamiento final de esos materiales.

No creemos estar ante unos hechos difíciles de dilucidar. Es cuestión de ponerle el mayor empeño a las investigaciones para dar con los responsables, siguiendo el orden de obligaciones legales que tienen cada una de las entidades que participan en la prestación de servicios de salud.

Los hechos envueltos en esta situación no son de poca monta. Se trata de un verdadero atentado contra la salud pública y como tal deben ser investigados. Nadie que juegue con ella puede hacerlo impunemente.

La repetición de estas irregularidades nos hace pensar que los controles a las entidades que prestan servicios quirúrgicos y hospitalarios no se están aplicando como corresponde y mucho menos las sanciones respectivas. Ya va siendo hora.