La noticia del fallo judicial que ordenó la liquidación de la empresa Carnaval S.A. ha causado el natural revuelo por lo que ello puede implicar para el magno evento cultural de Barranquilla.
Las diferentes reacciones que se han presentado entre las organizaciones y grupos que participan en sus principales eventos son apenas una confirmación más de la naturaleza popular de la gran fiesta y de lo sensible que es todo lo que a ella atañe.
Es muy significativo que entre tantas opiniones al respecto, la única que pareciera generar consenso es la de evitar que el Carnaval vuelva a ser presa de la politiquería, como lo fue en un pasado no muy remoto.
Porque, al momento de evaluar lo que en los últimos años hizo la empresa Carnaval S.A., es preciso tener presente las razones que dieron su origen: el clientelismo, la politiquería, la corrupción y la rampante desorganización de las fiestas fueron las principales causas que motivaron su creación.
Siendo objetivos, es justo decir que gran parte de esas prácticas se superaron y que la citada empresa le hizo muchos y valiosos aportes a la organización, promoción y proyección del Carnaval. Sus logros están a la vista de todos.
No todo fue loable, sin embargo. Es evidente que se presentaron algunas arbitrariedades en el manejo de la organización de los principales eventos del Carnaval y que en ocasiones las declaraciones de sus directivos no fueron las más afortunadas.
No obstante, el balance de la tarea que adelantó la empresa Carnaval S.A. es positivo, máxime si tenemos en cuenta que en esos años la ciudad experimentó un gran crecimiento demográfico que le impuso grandes retos logísticos y administrativos.
Como suele ocurrir cuando “no hay cama pa tanta gente”, muchos grupos y actores del Carnaval sentían que se les discriminaba y otros criticaban un naciente clientelismo empresarial alrededor de la Batalla de Flores y de la Gran Parada.
Independiente de estos aspectos polémicos, nos parece que el asunto de fondo tiene que ver más con el papel que debe jugar el Distrito como tal, en representación de toda la ciudadanía, en el Carnaval y el papel de la empresa privada en el mismo.
El Distrito, con el Alcalde a la cabeza, no puede ser un convidado de piedra en cualquier organización que se cree para el manejo del Carnaval. Así como tampoco puede esa organización pretender estar exenta de los controles públicos de rendición de cuentas que existen para el Distrito.
Por las características de algunas reacciones que suscitó el fallo del juez, es evidente que frente a Carnaval S.A. aún prima la emotividad y la pasión entre la opinión pública. Solo hay que esperar a que la situación creada por dicho fallo se decante para proceder, con ánimo sereno, a buscar la mejor solución para la gran fiesta.
En principio, habría que recoger toda la experiencia positiva acumulada durante la existencia de esa empresa y sistematizarla para que no desaparezca, revisar lo que la ley permite, así como recoger también las equivocaciones y abusos en que se pudieron incurrir.
Diera la impresión que se quiere juzgar las labores de la empresa como tal, y sus funciones, por el talante de algunos de sus directivos, lo cual sería un error, porque una cosa son las personas y otra es la organización.
Porque el Carnaval es de todos, la Administración Distrital debería abrir un proceso de consultas y audiencias populares para buscar la mejor fórmula que garantice el esplendor del Carnaval y la inmortalidad de Joselito.
