No se necesitaba habilidad exegética alguna para entender que al hablar de estado de opinión el presidente Uribe entendía lo que dicen las encuestas que, a su vez, reflejan lo que dice la televisión con sus consejos comunitarios incluidos, lo que vocea la radio en las periódicas entrevistas de más de una hora, primero en una cadena y después la otra, para no perder la chiva. Esa opinión, así trabajada, así de emocional, es la que manda, y recibe el nombre de estado de opinión.
Esa opinión se cultiva y estimula con los shows mediáticos, de que hablan los expertos. ¿Recuerdan esa petición de perdón a las víctimas? (¿Cuáles? ¿Por qué?) o aquellas destituciones de militares en vivo y en directo, ¿años ha? ¿O esas exigencias de resultados con regaño incluido a ministros y funcionarios? ¿Y ese desafío bravucón a los “bandidos” unido a la promesa de darle duro y a la cabeza a la culebra que sigue viva? ¿O esas entrevistas múltiples del presidente-reportero en las presentaciones de liberados y de héroes como los de la Operación Jaque?
Sume usted estos y muchos otros impactos mediáticos y tendrá por resultado el estado de opinión que gobierna al país y que deberá seguir gobernando por encima de las leyes. Al fin y al cabo el autor de las leyes ¿quién es sino ese sujeto de la opinión o constituyente primario? No hay que darle muchas vueltas: el constituyente primario es el mismo que responde las encuestas que gerenció el senador Giraldo o las del 82%, es el mismo que abarrota las salas de los consejos comunitarios; él es la carne y hueso del estado de opinión. Y habiendo canales abiertos para ese constituyente, ¿qué sentido tienen los intermediarios? Son intermediarios jueces y magistrados; ellos sentencian en nombre de la República, y esta no es otra cosa que una abstracción de ese hecho real que es el pueblo que se expresa en la opinión. Si los magistrados han de sentenciar en su nombre, y ellos mismos son tan poco fiables como lo muestran las investigaciones y seguimientos del Das, ¿por qué mantener su mediación?
El Estado de opinión también está sobre el congreso. Basta recordarles a los congresistas que no consultan las encuestas de opinión, quiénes serán los electores en las próximas votaciones de congreso, para que entiendan que cada uno de esos ciudadanos es parte del soberano estado de opinión, al que no se le podrá contradecir con piruetas a la hora de votar la reelección.
Los politólogos citan a los clásicos para explicar que la representatividad es un recurso de la democracia para hacer sentir la voluntad popular aunque de modo indirecto, y que hay maneras simples de prescindir de los intermediarios para lograr la democracia directa. Se lo dijeron los presidentes a los periodistas de Argentina, Venezuela y Nicaragua: nosotros le hablamos directamente al pueblo, no necesitamos los intermediarios. Y Rousseau parece bendecir ese estado de opinión sin intermediarios y con un ejercicio directo del poder. “La soberanía no puede ser representada,” d ice. La democracia directa, esa que aparece detrás del estado de opinión, es la ideal.
Pero observa el mismo Rousseau, con ironía mal disimulada: “si hubiera un pueblo de dioses, se gobernaría democráticamente. Un gobierno tan perfecto no conviene a los hombres”. Ese estado ideal supone la posibilidad de que la voluntad popular se pueda manifestar nítida y sin manipulaciones. Para Rousseau esa situación ideal puede darse en el estado pequeño, con sencillez de costumbres, igualdad en los rangos y poco o ningún lujo. Donde esas condiciones no se dan, la democracia directa, el estado de opinión, es un remedo, si no un truco de manipuladores.
En este siglo XXI poblado de chips y de antenas, de relacionistas públicos, de publicistas y de agentes de imagen, los hilos de la manipulación se han multiplicado y han hecho más férrea la dictadura de las mayorías, ese ente de millones de ojos y de voces que mucho sienten y poco piensan. Ese es el estado de opinión a que apela el presidente Uribe para obtener su segunda reelección.
