Por GERARDO FERRO
Corresponsal en Bogotá

Que las guerras del futuro serán por el agua, es una afirmación que tiene tanto de trillado como de cierto. En Leticia, según cuenta Rafael Colmenares, Director Ejecutivo de Ecofondo, la organización que lidera la recolección de firmas para el Referendo por el Agua, ya existen “cajeros” para el agua: “son dispensadores donde los indígenas introducen unas monedas para recibir a cambio un poco de agua potable”.

Desde el pasado 13 de marzo, Ecofondo, conjuntamente con 1000 organizaciones no gubernamentales más, que conforman el Comité Nacional en Defensa del Agua y la Vida, y que recogen gran cantidad del espectro social, entre fundaciones ecológicas, de trabajadores y grupos comunitarios, se dieron a la tarea de recolectar por lo menos las 1.403.000 firmas que establece la Registraduría Nacional para presentar el Referendo a consideración del Congreso. El próximo 13 de septiembre vence el plazo para entregar las firmas, y para la fecha, Colmenares espera haber recogido 1.700.000 rúbricas. “Estamos seguros que lograremos la meta”, dice, y agrega que “el agua es un tema que le interesa a todo el mundo”.

El Referendo por el Agua busca cuatro cosas fundamentales, explica Colmenares: Que el acceso al agua potable sea un derecho fundamental garantizado por la Constitución, “esto parece obvio”, dice Colmenares, “pero la verdad es que no lo es tanto; en Colombia 13 millones de colombianos no tienen acceso al agua”; así mismo persigue que se garantice un mínimo vital gratuito para los hogares colombianos; que los servicios de acueducto y alcantarillado no se privaticen; y que se garantice la efectiva conservación del medio ambiente “para que haya agua abundante y limpia”.

Quizá los temas de la no privatización del servicio y la existencia de un mínimo gratuito son los que han creado mayor polémica entre dirigentes y sectores políticos. En relación a la no privatización, el Referendo propone que “solamente entidades del Estado o acueductos comunitarios sin ánimo de lucro puedan prestar este servicio”, dice Colmenares refiriéndose a uno de los artículos de la propuesta. “La empresa privada no ha invertido para los acueductos, ellos han administrados unos acueductos existentes y las ampliaciones las sigue haciendo el mismo Estado”, subraya Colmenares.

En cuanto al servicio mínimo vital gratuito, explica que no se trata de “no cobrar por este servicio público, no estamos diciendo que el agua sea gratis”, sino que aquella cantidad mínima que todo ser humano requiere para vivir no sea cobrada en las tarifas del servicio.

Otro de los temas cruciales que incluye este Referendo es lo relacionado al cuidado que por Constitución se haría de los páramos y otros sistemas ecológicos para la conservación del agua. En Colombia hay 1.603.927 hectáreas de páramos, de las cuales han sido afectadas entre el 60 y 70%. “Si se afectan los páramos, que son ecosistemas para conservar y producir agua pura, estamos poniendo en riesgo el suministro del líquido”, anotó el dirigente.

Ecofondo, y el Comité Nacional en Defensa por la Vida, esperan entregar el proyecto de referendo el próximo 15 de septiembre. En estos cinco meses y medio de trabajo han recogido firmas en todas las ciudades del país, y han recibido el apoyo de personas del común, de todos los estratos y condiciones sociales, que libremente se han unido al proceso. “Yo recibo 5 o 6 e-mail diarios de gente de todo el país que quieren entregar más firmas”, dice Carlos, uno de los voluntarios. En la Costa esperan recoger unas 100 mil firmas, y en el extranjero, hasta ahora, ya han recibido más de 2 mil, apoyando la iniciativa.

Algunas consideraciones de la consulta popular

El Referendo propuesto incluye 2 artículos y 3 parágrafos nuevos. Uno de sus artículos reza que el agua es un bien común y público, por lo que el Estado “debe garantizar la protección del agua en todas sus manifestaciones por ser esencial para la vida”. El otro artículo intenta incluir dentro de la Constitución, que el acceso al agua es un derecho fundamental, por lo que “el Estado tiene la obligación de suministrar agua potable suficiente a las personas, y garantizar un mínimo vital gratuito”.

Los tres parágrafos nuevos estarían incluidos en los artículos 63, 80 y 365 de la Constitución, y garantizarían una mayor protección de los cauces de ríos, lagos y humedales; además, obliga al Estado a que garantice el funcionamiento de los ecosistemas esenciales para los ciclos del agua; y por último, obliga a que el Servicio de agua potable y alcantarillado “sea prestado en forma directa e indelegable por el Estado”.

12 millones de habitantes de las cabeceras municipales en el país reciben agua no apta para el consumo humano, sin contar todas aquellas personas que viven en los sectores rurales que no tienen forma de tratar el preciado líquido que consumen y que toman directamente de las fuentes hídricas. Ellos están abandonados por el Estado.

80 litros diarios de agua por persona, o 10 metros cúbicos mensuales por cada familia, serían las cifras que no se cobrarían en las tarifas, si llegara a prosperar el Referendo, por ser el mínimo vital de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.