El Juzgado Tercero Administrativo ordenó la liquidación de la Sociedad Carnaval de Barranquilla, al fallar positivamente una acción popular interpuesta por la Personería Distrital, en representación de los hacedores del Carnaval.

El despacho declaró que la citada entidad transgredió el derecho colectivo al goce del espacio público y la utilización y defensa de bienes de uso público.

Se estipula en la decisión judicial que nunca se firmó un contrato de concesión entre el Distrito y la citada sociedad, y que el Alcalde no tenía facultades para realizar algunas de las cesiones que hizo a la empresa.

Señala igualmente, que Carnaval S.A. tampoco estaba autorizado para traspasar sus funciones a un tercero (Fundación Carnaval de Barranquilla S.A.) como en efecto lo hizo.

Como consecuencia del fallo, el Distrito tendrá que retomar las actividades de organización de las festividades del Carnaval de Barranquilla, ya sea de manera directa o a través de la creación de un ente que se encargue de esa misión, y se le concede un plazo de tres meses para que realice lo pertinente en esta materia.

La disposición del Juzgado declara nulo el acuerdo 033 del 91, a través del cual se suprimió la Corporación Autónoma del Carnaval y se dieron facultades al Alcalde Mayor para participar en la creación de una sociedad de economía mixta que se encargará de la organización de las carnestolendas. Así mismo dejó sin piso el acuerdo 056 del 93, mediante el cual se modificó la composición accionaria de la sociedad.

La orden judicial establece también la creación de una Comisión de seguimiento, de verificación y control, integrada por la personera distrital o su delegado, por el contralor distrital o su delegado, por el representante legal de los grupos folclóricos.

El juzgado tuvo en cuenta el contenido de los acuerdos 033 y 056, en los cuales se consagran aspectos como que la duración de la sociedad sería de 50 años; inicialmente la participación del Distrito no podía ser inferior al 51% y con el acuerdo 056 quedó en el 45% del capital social; las utilidades se reinvertirían en un 80%, y el 20% se dedicaría a programas de salud, educación y cultura; el Distrito entregaba como aportes en concesión bienes públicos y bienes de uso público y cedía algunos impuestos y derechos de prensa, radio y televisión.

Con base en esos puntos, ese despacho llega a la conclusión de que el Alcalde Mayor no estaba facultado para determinar el tiempo (50 años) en que los bienes de uso público y los impuestos cedidos harían parte del aporte del Distrito de Barranquilla, pues esa competencia es atribuible solo a los concejos municipales.

Sobre el hecho de que no se hubiera firmado un contrato de concesión, sostiene el juez que “no se puede argumentar que el contrato de concesión, por sí mismo, sirve de fundamento para explotar los bienes concesionados, porque en Colombia solo es posible la concesión de bienes de uso público a través del contrato administrativo”.

Otra razón para la caída de la concesión es que según el acuerdo 056, la participación accionaria del Distrito no podía ser inferior al 45% por ciento, pero en este momento es solo del 19,23%”, con lo cual “se viola flagrantemente una de las limitaciones que impuso el Concejo”, y hace énfasis en que es este organismo el competente para variar esas condiciones.

Asegura el Juez del caso, que el Distrito no ha hecho un seguimiento ni mucho menos una cuantificación de los impuestos cedidos. En este sentido afirma que el “Distrito de Barranquilla ha dado muestras de ser negligente, indolente y apático en el ejercicio del control que ha debido ejercer en la Sociedad, en su calidad de socio y como ente territorial. Es evidente que su participación cada vez más minoritaria, afecta su patrimonio”.

Según el Despacho Judicial, no hay justificación ni explicación razonables que sirvan de fundamento a la decisión de la Sociedad Carnaval de Barranquilla S.A. de acudir a un intermediario (Fundación Carnaval de Barranquilla) para realizar las gestiones que debería adelantar la sociedad.

Algunos puntos del fallo establecen que la Sociedad Carnaval de Barranquilla S.A. y el Distrito de Barranquilla ponen en peligro o amenaza el derecho o interés colectivo a la defensa del patrimonio público y se ordena la cancelación de la escritura pública Nº 09 del 7 de septiembre de 1992 de la Notaría Quinta del Círculo de Barranquilla, mediante la cual se constituyó la Sociedad Carnaval de Barranquilla S.A. y se ordena la liquidación de la mencionada sociedad.

Al hacer pública la decisión del Juez Ariel de Jesús Cuspoca Ortiz, la personera distrital Lourdes Insignares, la empresa Carnaval S.A. “se había convertido en una rueda suelta que no le tributaba al Distrito, ni mucho menos le rendía informes a nadie”. En síntesis dijo, no le representaba ningún beneficio, porque en la época de las carnestolendas el Distrito tenía que poner su infraestructura al servicio de dicha empresa sin recibir algo a cambio.

La funcionaria calificó el fallo como un logro de la Personería que le ahorrará algunos recursos al Distrito, pues ya no necesitará de abogados para estudiar esta concesión. “Este es un triunfo de los barranquilleros y de los hacedores del Carnaval”, anotó.

Char: estamos listos para asumir funciones

El alcalde Álex Char dijo anoche a EL HERALDO que queda a la expectativa sobre la confirmación del fallo de primera instancia, y dijo que en caso de que se mantenga la decisión, “la Alcaldía está preparada para asumir las obligaciones de Ley y además está convencida de su deber de trabajar en pro de los derechos culturales y de la defensa del espacio público”. “Acogeremos la decisión final que la Justicia profiera en su debida oportunidad”, precisó.

Dijo que, tal como está sucediendo con otros contratos, asesorías, concesiones, la de la empresa Carnaval de Barranquilla S.A. también está siendo revisada.

“Frente al tema de esta concesión y del resto que están en estudio, es preciso insistir en que nuestras acciones siempre van encaminadas a lograr el bien colectivo”, precisó Char.

Concejo anuncia nueva empresa

Al conocer el fallo del Juez Ariel Cuspoca Ortiz, el presidente del Concejo, Oswaldo Díaz mostró su satisfacción al considerar que el Distrito siempre estuvo en desventaja frente a la Sociedad Carnaval de Barranquilla.

En consecuencia anunció que trabajará junto con sus colegas en la creación de un nuevo ente que se encargue de la organización de las fiestas carnestoléndicas en la ciudad. Advirtió sin embargo, que en esta oportunidad tratará de no cometer los errores que envolvieron a la empresa que se está desmontando. “Trataremos de blindar al Distrito para que no salga perdiendo si se conforma una sociedad”, anotó.

Recordó Díaz, que los directivos de Carnaval S.A. habían sido citados al recinto del Concejo por el concejal Rafael Sánchez, para el día 17 de junio. En esa sesión debían rendir un informe jurídico, uno financiero y otro administrativo, para conocer cuál era el estado real de la Sociedad.

A su turno, el concejal Rafael Sánchez Anillo recordó que en 2007 Carnaval S.A. manejó un presupuesto de 7.600 millones de pesos, producto del usufructo del espacio público.

Aceptó que se le había salido al alcalde de las manos, e incluso a los hacedores del Carnaval, muchos de los cuales están muriendo de hambre en los barrios de la ciudad.

Sí estoy pendiente de concesiones: Contralor

Frente a las acusaciones que hiciera el concejal Luis Zapata sobre el ‘mutismo’ que ha mantenido el contralor Jorge Iglesias frente al tema de las concesiones en la ciudad, el funcionario respondió que desestima estas declaraciones por considerar que dejan de lado el acompañamiento que él ha hecho al Alcalde Alejandro Char en el proceso de ‘desmonte’ de estos contratos perjudiciales para la ciudad.

“No me he quedado callado y muchas veces he hablado sobre lo nocivas que han resultado para el desarrollo de la ciudad. Más bien me gustaría saber que cuestionamiento hizo el concejal Zapata durante al proceso de formación e iniciación de estas concesiones”, dijo.

En relación con la Fundación Carnaval S.A. señaló que esta institución no quiere entender que debe someterse al proceso de fiscalización de la Contraloría. “No es posible que continúe una organización que no hace nada por los actores del carnaval, uno los ve como mendigos por ahí, cuando ellos son los que realmente hacen estas fiestas”, resaltó el Jefe del ente fiscalizador.

Agregó que se estima que a la Fundación Carnaval S.A. ingresan 20 mil millones de pesos al año.

Sobre la concesión Métodos & Sistemas indicó que ha abierto un proceso de responsabilidad fiscal. “Ellos aducen de que no están obligados a rendir cuentas porque son una firma asesora”.

Finalmente, Iglesias reiteró el acompañamiento que está haciendo al alcalde Alejandro Char en el proceso de revisión de las concesiones. “El Alcalde) prometió recuperar los recursos del Distrito para invertir en lo que se debe invertir”, precisó.