Por ALIX LÓPEZ y LEONOR DE LA CRUZ

A Óscar Fernández González nadie le puede echar cuento en materia de organización de Carnaval, pues durante unos 20 años, en las décadas de los 70 y 80, estuvo al frente de estas fiestas en calidad de presidente o miembro activo de la Junta, y luego de la corporación autónoma, entidades creadas para tal fin.

Por eso hoy, cuando una decisión judicial pone de nuevo sobre el tapete cómo debe ser el manejo organizacional de la considerada celebración folclórica más importante de Colombia, su opinión se convierte en una voz autorizada en la aguda polémica que ha generado la orden del Juez Tercero Administrativo de liquidar la empresa que desde hace 17 años tiene las riendas y el control del Carnaval de Barranquilla.

Fernández recuerda esas épocas en las que a la reina central le tocaba casi que mendigar a las puertas de la empresa privada el respaldo económico para financiar el Carnaval, pues cada año se comenzaba de cero en cuestión de recursos.

“Las fiestas tenían entonces un tinte político absoluto, el Alcalde de turno, los funcionarios de la administración y los concejales, designaban a los organizadores, y ponían y quitaban reinas a su antojo, buscando que todo les redundara en votos en las elecciones y en otras cositas”, afirma.

Las expresiones populares y tradicionales como las danzas, los disfraces, y la música, no tenían reconocimiento y valoración, pues la tendencia en ese momento era destacar el espectáculo de los bailes y comparsas de los clubes de las élites, explica Mirtha Buelvas, antropóloga e investigadora de las carnestolendas. “Los grupos folclóricos se notaban disminuidos en calidad y cantidad”, agrega.

“El apoyo a los grupos folclóricos consistía básicamente en entregarles cajas de ron para que se emborracharan en los desfiles”, añade Fernández.

El reinado popular, uno de los grandes puntales de la fiesta, pues involucraba a casi todos los barrios de la ciudad, se convirtió en blanco favorito de conquistas por parte de muchos funcionarios y políticos; quienes llegaban donde las candidatas con las promesas de hacerlas elegir en el codiciado trono de ‘Reina de reinas’, a cambio de sus favores sexuales, tal como lo describe Carlos Sojo Guzmán, otro carnavalero que vivió muy de cerca este fenómeno.

“El acoso era de tal magnitud, que en 1982 los miembros de la Corporación Autónoma decidieron nombrar solo mujeres en el jurado que eligió a la ‘Reina de reinas’ para que no hubiese ningún tipo de presión”, reconoce también Óscar Fernández.

“Eran los años en que zumbaban los votos para ‘x’ o ‘y’ doctor que iban a los barrios del sur a gozar y a sacarle partido a las muchachitas más bonitas”, apunta Sojo.

Los políticos —recuerda— prometían a los grupos folclóricos dinero y luego no les cumplían. Hubo un año en que un concejal le dio un aporte a una folclorista y luego los votos de ella no le aparecían, por lo que el concejal se fue hasta la casa de ella, amarró una cuerda a las ventanas y con su carro las desprendió.

La corrupción también campeó en el Carnaval, en 1990 un reconocido hombre de radio especializado en música, y a quien se le encargó la organización del Festival de Orquestas se robó de frente la taquilla del evento (unos $30 millones) cuando se iba a hacer el conteo del dinero en la sede de las Mejoras Públicas.

El locutor fue procesado penalmente y luego condenado en segunda instancia a cuatro años de cárcel por la Sala Penal del Tribunal Superior.

“La fiesta, no hay que negarlo, se utilizaba para hacer trabajo político, pero además no había ningún control sobre los contratistas que recibían los dineros para diseñar las carrozas y organizar eventos”, admite el concejal Luis Zapata, quien sostiene que fue uno de los críticos más acérrimos de la administración del Carnaval de ese momento.

Otro aspecto que amenazaba el desarrollo normal del Carnaval era la falta de espacios para los actos, ya que con el crecimiento de la ciudad cada año se tornaban insuficientes.

El coliseo cubierto ‘Humberto Perea’, por ejemplo, no resultaba el sitio idóneo para albergar a las miles de personas que asistían a ver las actuaciones de las orquestas más afamadas del continente, y a los cotizados grupos nacionales.

La carrera 43, escenario casi natural de la Batalla de Flores y luego de la Gran Parada, también quedaba pequeña para esos multitudinarios espectáculos.

El Paseo Bolívar, otro sitio tradicional para eventos como la Lectura del Bando o la coronación de la reina central, además de danzas, comparsas y disfraces, comenzó a cuestionarse por amplios sectores de la ciudadanía como epicentro de estos actos, pues entró en un franco proceso de deterioro como espacio público.

Toda esa serie de situaciones llevó a la acción de un movimiento social de diferentes sectores que trataban de buscar una salida y poner al Carnaval en el sitial que ocupaba. Eran los años ochenta.

PRIMEROS PASOS

De todas las inquietudes surgieron dos foros sobre Carnaval convocados por la Cámara de Comercio que dirigía Arturo Sarabia Better, con el apoyo de la Universidad del Atlántico. Las mesas de discusiones, la primera de las cuales se realizó en 1983, fueron coordinadas por Jaime Abello Banfi y Margarita Abello Villalba.

Tres años después se celebró un nuevo encuentro bajo el liderazgo de la Cámara de Comercio, la Asociación de Comunicadores Sociales del Atlántico y el Colegio Nacional de Periodistas del Atlántico.

“Buscábamos soluciones prácticas por el decaimiento que presentaba, que contemplaran del patrimonio cultural y las manifestaciones tradicionales y folclóricas de Carnaval tuvieran un tratamiento cuidadoso y especial”, señala Mirtha Buelvas quien hizo parte de las mesas de trabajo.

Para ese entonces, cuando los desfiles oficiales pasaron a la Vía 40, el Concejo, mediante Acuerdo 033 de 1991 le otorgó facultades al entonces alcalde Miguel Bolívar Acuña para constituir una empresa de economía mixta para que asumiera el manejo y organización del Carnaval en los próximos 50 años. Así nació Carnaval S.A. cuyo primer gerente fue Paul Tarud quien venía de la liquidada Corporación Autónoma del Carnaval.

“EN MANOS DE LA ELITE EMPRESARIAL”

La participación accionaria del Distrito en la nueva empresa, cuya junta presidía el Alcalde, equivaldría al 51 por ciento. El nuevo ente fue constituido con un capital de $100 millones, la mitad de los cuales los aportó la Alcaldía.

De la primera junta hicieron parte varios empresarios privados (ver recuadro).

Para el concejal Luis Zapata, uno de los primeros errores en que se incurrió en este modelo fue que nunca se firmaron los convenios interadministrativos entre el Distrito y Carnaval S.A. para definir la cesión del espacio público y de los impuestos que cobraba la empresa.

“Estos dos aspectos se quedaron en el infinito y los directivos de Carnaval, de la élite empresarial, empezaron a creerse omnipotentes e imperialistas porque asumieron el manejo total y absoluto. A la hora de pedir cuentas, desconocieron al Alcalde y de paso al Concejo. Entonces, si los citábamos nos convertíamos en enemigos de las fiestas y dos semanas antes del Carnaval, nos visitaba la Reina con sus comparsas para presentarnos la programación y cómo oponernos si a esas alturas ya no podíamos hacer reparos”, asegura Zapata.

Otro concejal, Rafael Sánchez, afirma que los balances que recibían nunca llevaban firmas del representante legal de la empresa y sus cifras no coincidían.

“En el balance de 2007, los recursos sumaban 5.782 millones de pesos frente a unos gastos de $4.725 millones, es decir, los excedentes fueron de $1.000 millones, pero según los directivos de Carnaval la empresa genera pérdidas. ¿Qué se hicieron entonces esos $1.000 millones?”.

A los reparos constantes de concejales se sumó el inconformismo ciudadano porque la privatización de nuestro Patrimonio con la explotación del espacio público generó en una fiesta excluyente donde “el que no tiene para palco se debe perder los desfiles”, como lo resume Judith de Morales, un ama de casa que no volvió a ver una Batalla de Flores por los excesivos precios de los palcos y la dificultad para acceder a la Vía 40.

En defensa de lo público y del público

Con la decisión difundida esta semana sobre el manejo de Carnaval S.A. se abre la posibilidad de que se mejoren las cosas: que la Nación-Distrito retome la organización de las fiestas y se haga justicia con los grupos folclóricos que nutren las carnestolendas, considera el ex personero Laurian Puerta Ordóñez quien fue el encargado de presentar la acción popular que en primera instancia falló el Juez Tercero Administrativo.

¿Cuál es la propuesta?

Para el ex funcionario, al reconocer los avances que ha tenido la organización de nuestras fiestas, se debe continuar con el esquema mixto, bajo reglas de juego claras, donde el Distrito tenga el control y la mayoría de acciones, y a los grupos folclóricos que hacen el Carnaval se les reconozca su participación, mediante una evaluación del espectáculo que brindan, proyectado a los años que dure la concesión, con un paquete de acciones, que les permita tener injerencia en su propia fiesta.

Otro de los alcances es que el Ministerio de Cultura y el Instituto Distrital de Cultura, como organismos rectores de la política cultural de la Nación y el Distrito, implementen las recomendaciones de la Unesco en lo que tiene que ver con la salvaguarda de ese patrimonio oral e intangible como lo es nuestra fiesta.

“Todos los ciudadanos debemos apoyar al alcalde Álex Char, la personera Lourdes Insignares y al contralor Jorge Iglesias, para que logren recuperar la organización de nuestro Carnaval y estar vigilantes para que el mismo no sea excluyente ni permita la injerencia malsana de politiqueros, privados y públicos”, afirma.

Primera junta directiva

La primera junta directiva de la Empresa Carnaval S.A. de 1992 según registro de Cámara de Comercio estaba conformada por:

Miguel Bolívar, Alcalde de Barranquilla -Suplente
Representante del Concejo- Representante del Concejo
Representante del Concejo -Representante del Concejo
Representante del Concejo -Representante del Concejo
Representante de la CNT -Representante de la CNT
Marciano Puche Uribe -Pablo Gabriel Obregón
Alcides De la Espriella -Jaime Donado Baena
Rafael Barvo Bárcena- Mariano Ghisays Farah
Enrique Berrío Mendoza -Cecilia Rodríguez
Manuel María Márquez- Jesús Ferro Bayona

30 millones de pesos de la taquilla del festival de orquestas fueron robados en 1990